Desde hace unos años numerosos estudios coinciden en que Perú es uno de los países donde la inseguridad se ha incrementado considerablemente. El informe del Barómetro de las Américas 2014 -el último elaborado por la Universidad de Vanderbilt, y cuyos resultados fueron presentados en Lima colocaba al país como el de la mayor tasa de víctimas de la delincuencia en América Latina. Según cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 31.1 por ciento de la población urbana ha sido víctima de algún hecho delictivo entre enero y junio de 2016, 1.6 puntos más que en el mismo periodo de 2015.

A fin de mostrar la capacidad de reacción ante este problema, el Gobierno de Ollanta Humala impulsó un programa de recompensas para promover la captura de 32 personas requisitoriadas por delitos que iban desde tráfico ilícito de drogas hasta extorsiones y secuestros. En la nómina que creó el Gobierno de Humala también figuraban exautoridades por los delitos de corrupción como el exgobernador regional de Tumbes Gerardo Viñas Dioses, a quien se le responsabiliza de los delitos de colusión agravada y asociación ilícita para delinquir, así como el exgobernador regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima Núñez.

En junio de 2014, el Poder Judicial, en coordinación con las fuerzas policiales, ejecutaron diversos operativos en el interior del país para detener a presidentes regionales y autoridades comprometidas en actos de corrupción.

El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, anunció el 18 de agosto en el Congreso de la República que se ampliaría el programa de recompensas lanzado por el pasado Gobierno. En noviembre último, el titular del ministerio del Interior, Carlos Basombrío señaló que el renovado programa de recompensas pasaría de 32 a 754 requisitoriados por delitos que iban desde terrorismo y narcotráfico a violencia contra la mujer. Sin embargo, este renovado programa no incluye a personas buscadas por los delitos de corrupción, tal como lo hizo el Gobierno de Humala.

El crimen organizado en Perú se desarrolla gracias a su influencia en el Estado y en el sometimiento de funcionarios públicos por lo que el programa de recompensas bien podría aplicarse para quienes sean perseguidos por actos de corrupción. Actualmente hay más de 40 prófugos por corrupción en el gobierno de Fujimori, entre ellos el exministro de Defensa general EP, Víctor Malca, Myriam Aritomi Fujimori y Víctor Aritomi Shinto, sobrina y cuñado del exmandatario Alberto Fujimori, respectivamente; o sus hermanas Rosa y Juana Fujimori y su hermano Pedro Fujimori.

Convoca.pe considera que, pese a sus limitaciones, esta promesa está CUMPLIDA PERO ... no tuvo en cuenta a personajes buscados por delitos asociados a la corrupción a pesar de su importancia.