Las Asociaciones Público-Privada (APP) son una modalidad de inversión creada en mayo de 2008 para ejecutar obras o servicios públicos en la que participa tanto el Estado peruano como las empresas privadas, sean nacionales o extranjeras, distribuyéndose los riesgos a generarse por el trabajo y los recursos necesarios para realizarlo.

Las APP pueden adjudicarse bajo la modalidad de concesión, operación, gerencia, joint venture u otra permitida por ley; y se puede acceder a una APP bien por iniciativa estatal o bien por iniciativa privada.

De acuerdo a cifras de Proinversión, el organismo estatal a cargo de gestionar los procesos de adjudicación, tiene hasta setiembre de 2016, una cartera de proyectos de inversión bajo la modalidad de APP por más de US$5,000 millones.

Entre los principales proyectos de este tipo destacan seis proyectos de electricidad e hidrocarburos por una inversión estimada de US$3,750 millones, dos proyectos de saneamiento por US$680 millones, dos de transporte vial por US$446 millones y tres de salud por US$424 millones, entre otros proyectos.

Cabe señalar que solo desde julio de 2011 a septiembre de 2016, se han adjudicado proyectos mediante APP por un monto de inversión superior a US$16,000 millones.

Durante su discurso ante el Congreso de la República el pasado 18 de agosto para el pedido de facultades legislativas, el premier Fernando Zavala planteó como una de las medidas para los primeros cien días del Gobierno de PPK el 'fortalecimiento' de Proinversión en capacidades técnicas y responsabilidades para elevar así la 'calidad' de las APP que esta entidad gestiona.

Esta propuesta fue lanzada tras las numerosas críticas tanto desde el sector privado como del mismo Estado por los numerosos permisos que extendían por meses y hasta años la aprobación de un proyecto de inversión.

Con las facultades otorgadas por el Congreso, el 30 de setiembre mediante un decreto el Ejecutivo modificó 12 artículos del Decreto Legislativo N° 1224 a fin de reestructurar Proinversión. Sin embargo, esta medida no precisa actividades concretas para la ofrecida mejora de "capacidades técnicas" de la mencionada entidad.

Asimismo, el Gobierno modificó la Ley de Asociaciones Público-Privadas, estableciendo que las políticas y lineamientos de promoción y desarrollo de la inversión privada en APP y Proyectos en Activos, así como las directivas técnico normativas que apruebe Proinversión, serán de cumplimiento obligatorio para las entidades del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada que intervengan en alguna de las fases.

No obstante, pese a que el premier Zavala ofreció dar "mayores responsabilidades" a este organismo para el diseño de los proyectos, ya no podrá decidir sobre las adendas de los contratos sino que esto recaerá en la entidad estatal que presente el proyecto a Proinversión. Las adendas han sido seriamente cuestionadas pues en varios proyectos se ha utilizado para incrementar notablemente el presupuesto inicial de la obra.

Uno de estos casos es el de la Carretera Interoceánica Sur, cuya construcción pasó de un estimado inicial de US$800 millones en 2005 a cerca de US$2,000 millones a marzo de 2015 debido a las 22 adendas aceptadas por los gobiernos para los tramos 2, 3 y 4. Cuatro de las empresas ganadoras de estas licitaciones fueron las brasileñas, Odebrecht y Camargo Correa ahora investigadas por pagos millonarios para conseguir licitaciones en América Latina.

Consultado por Convoca.pe, el economista Epifanio Baca, de la ONG Propuesta Ciudadana, indicó que las adendas han generado problemas para el Estado peruano a pesar de que fueron contempladas inicialmente para flexibilizar procesos ante percances. En ese sentido, explicó que esta herramienta no es buena ni mala en sí, sino que depende de que su ejecución se realice de forma adecuada. Consideró que ProInversión ha fallado en la evaluación de las adendas por su poca experiencia.

Actualmente Odebrecht opera, bajo la modalidad de APP, el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), que apunta a irrigar más de 38 ,000 hectáreas para la agricultura en Lambayeque y generar 51 megawatts mediante una central hidroeléctrica.

La empresa brasileña estimó que este megaproyecto de irrigación costaría al menos US$500 millones. Pero, en 2012, Odebrecht a través del consorcio CTO pretendía que el Estado peruano le pagara US$74 millones más por un percance que estaba valorado por un perito en solo US$5 millones. Adicionalmente, entre julio de 2010 y noviembre de 2014 el Estado accedió a la inclusión de cinco adendas solicitadas por la responsable del proyecto.

El Poder Judicial resolvió en 2015 que no correspondía el pago a la compañía de ningún monto adicional a los US$5 millones pagados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de acuerdo a la tasación del perito a cargo.

Por otro lado, en un informe elaborado por la Contraloría General de la República en 2015 se destaca la existencia de problemas en contratos de proyectos bajo la modalidad de APP y se coloca como ejemplo el Tramo 2 de la Carretera Interoceánica Sur. La Contraloría califica la APP como un "contrato incompleto" debido a la dificultad de ambas partes para, por un lado, prever todas las contingencias al momento de elaborar el contrato, considerando que por su extensión este documento no suele contener todas las numerosas especificaciones técnicas de la obra.

Si bien el Gobierno dispuso la reestructuración de Proinversión, no ha precisado medidas orientadas directamente a mejorar sus capacidades técnicas a pesar que este tema está asociado a un historial perjudicial y de corrupción que afecta al Estado.

Convoca.pe considera que esta promesa lanzada por el Gobierno de PPK es ENGAÑOSA.