Aunque hay diferencias en los cálculos y mediciones de las Naciones Unidas y el Gobierno estadounidense, es claro que Perú sigue siendo segundo productor mundial de cocaína y el segundo productor de hoja de coca. Las zonas cocaleras del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Monzón y el Alto Huallaga concentran, en ese orden, la mayor cantidad de plantaciones de coca. La producción de pasta básica y cocaína sale en forma terrestre hacia la costa con dirección a Bolivia y Chile, y por vía aérea a Bolivia o directamente a Brasil. Durante el Gobierno de Alan García se aprobó nuevamente y luego de casi 15 años, el derribo de narco avionetas, lo que al parecer habría modificado el modo de accionar de los contrabandistas al momento de retirar la droga obtenida en las zonas de producción. El problema del narcotráfico como fuente de otros problemas que afectan a la sociedad peruana no ha podido ser resuelto en lo mínimo por el Estado peruano. Y el Vraem es una muestra palpable de la falta de resolución de los tres últimos gobiernos.

El 18 de agosto el Premier Fernando Zavala en su exposición ante el Congreso prometió que se implementarían nuevos y más efectivos sistemas de interdicción en las rutas de salida de las cuencas cocaleras. Esta fue una de las principales promesas del sector Interior con un nivel alto de importancia lanzada por el Gobierno.

En el balance presentado por el sector Interior al cumplirse los cien días de gestión, se señala que el ministro del Interior había reestructurado la estrategia operativa y la coordinación estrecha entre las unidades dedicadas a la interdicción, erradicación y a la responsabilidad social.

Se señaló que el Equipo Especial de Interdicción de la DIREJANDRO, que cuenta con el apoyo aéreo, geomático y las bases del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (CORAH), coordinará las actividades. Sin embargo, estas medidas no sugieren necesariamente una forma novedosa y eficaz de atacar las rutas de salidas de la droga, o que se activarán los puestos de control permanentes o que funcionará el sistema de control de insumos químicos en todo el país para impedir la producción de droga en las cuencas tal como sectores. Además, con la nueva estrategia ‘antiterrorista’ del Gobierno en el Vraem, que establece la función policial supeditada a un comando militar, no se sabe con certeza los límites y la independencia que tendrán las entidades encargadas de combatir el tráfico ilícito de drogas en esa región del país.

Convoca.pe solicitó, mediante la Ley de Transparencia, información la estrategia contra el narcotráfico en los valles cocaleros, diferencias respecto a las acciones emprendidas durante el pasado gobierno, y los componentes del Equipo Especial de Interdicción de la Dirección Ejecutiva Antidrogas (Direjandro) de la Policía Nacional.

Con fecha del 26 de diciembre, la Oficina de Asesoría Jurídica de Direjandro respondió a Convoca.pe que no era procedente nuestra solicitud, pues la información solicitada estaba dentro de los alcances del artículo 16 de la Ley de Transparencia que establece excepciones al ejercicio del derecho de información por ser de carácter reservada.

Desde 2008 se coordinó entre los diferentes entes responsable en la lucha contra las drogas, la implementación de controles de insumos químicos en los puntos de entrada y salida de los valles cocaleros. En la implementación de estos sistemas de interdicción de químicos o de droga en las rutas de salida intervienen no solo la policía antidroga sino la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y fiscales especializados antidroga por lo que no se justifica la negativa de la Policía Nacional a dar cuenta de los planes de la nueva estrategia.

La promesa del premier Zavala sobre las estrategias anunciadas el 18 de agosto a los ciudadanos es considerada como NO VERIFICABLE porque es información general que no permite evaluar su cumplimiento.